Informe del Defensor del Pueblo sobre Violencia Escolar

Los datos y conclusiones que este trabajo aporta debieran servir para que quienes tienen presencia o responsabilidades en el ámbito de la educación y del sistema educativo puedan tomar decisiones e iniciar los programas y actuaciones más adecuados, con un conocimiento objetivo del estado actual de la cuestión y de la evolución que el problema del maltrato entre iguales ha tenido en estos últimos años.

En el anterior estudio, publicado en el año 2000, se efectuó una serie de recomendaciones generales orientadas -entre otras finalidades- a mejorar el conocimiento del problema, a involucrar en su prevención y resolución a todos los agentes implicados, a señalar pautas de actuación en razón de los supuestos a atender, a dotar a los centros y al personal docente de los medios y recursos necesarios..., etc. Todas aquellas recomendaciones mantienen plenamente su vigencia y han de darse aquí por reproducidas.

Con ello no se quiere decir, en absoluto, que tales recomendaciones no hayan sido atendidas. Muchas han sido puestas en práctica de manera literal, y otras han sido tomadas en consideración a la hora de implementar políticas de prevención o de resolución de conflictos escolares. Pero el carácter global y genérico de todas ellas, así como su vinculación a la detección, diagnóstico y resolución de un problema que no se ha agravado sino mejorado, aunque en absoluto ha desaparecido, obliga a reiterarlas aquí sin perjuicio de insistir particularmente en algunas de ellas y de incluir además otras nuevas derivadas ya más específicamente de los resultados obtenidos en este estudio.

Por este motivo se incluye en el anexo de este informe el texto original de aquellas recomendaciones, volviéndose a instar expresamente aquí a las autoridades y administraciones con competencias educativas, al personal docente, a los órganos de gobierno de los centros, a los órganos de representación y encuentro de los sectores educativos, a que sigan las líneas de actuación entonces señaladas y que ahora se reiteran, porque todavía queda mucho trabajo por hacer -como demuestra el resultado de este estudio- aunque algo se haya avanzado en la buena dirección desde que se tiene plena conciencia del problema.

Pero no sólo se recomienda o aconseja seguir esas pautas o líneas de actuación ya sugeridas en el año 2000, sino que también se anima a que se extraiga de este nuevo trabajo y de la información que aporta toda la rentabilidad posible, comenzando por la evaluación de las políticas seguidas en torno a la violencia escolar en función de la experiencia que este estudio pone de manifiesto y de la concreción de los resultados al ámbito específico del que en cada caso se trate.

Sería conveniente, por tanto, que en cada ámbito territorial, y especialmente en aquellos en los que hasta ahora no se ha hecho, se realizaran estudios epidemiológicos que concretaran los datos y resultados nacionales aquí presentados y que posibilitaran un mejor conocimiento de la incidencia actual del problema de la violencia entre iguales en el territorio de que se trate. Hay que recordar aquí que si bien no han aparecido diferencias significativas entre comunidades autónomas o entre centros de ámbito rural o de ámbito urbano, entre otras variables consideradas, puede haber influido en ello el elevadísimo nivel de confianza que se ha utilizado en las pruebas de significación estadística al analizar la influencia de las correspondientes variables en la incidencia del maltrato. El rigor, la neutralidad y la objetividad con la que se ha querido afrontar esta investigación exigían hacerlo así para presentar resultados incuestionables de ámbito nacional. Sin embargo, en ámbitos territoriales más limitados y en estudios específicos sería de interés comprobar si existen desviaciones o diferencias respecto de los datos nacionales a fin de tomar las medidas oportunas.

En cualquier caso, con la información que aporta este trabajo y con la que se derive de otros más específicos que se hayan hecho o que puedan hacerse, deberían evaluarse minuciosamente las líneas de prevención e intervención seguidas hasta ahora para contrastar su eficacia, para adecuarlas a la situación actual y para añadir campos de trabajo en relación con aspectos que han adquirido relevancia en estos últimos años.

Así, por ejemplo, -y aunque los resultados no son especialmente alarmantes- sería conveniente tomar medidas concretas para combatir el fenómeno conocido como "cyberbullying", es decir, el acoso a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación, cuyas características específicas de anonimato del agresor y de reiteración y amplificación de sus efectos por el número de personas que pueden presenciarlas o tener conocimiento de ellas, requieren la adopción de medidas adecuadas.

También requiere una atención específica el riesgo de victimización del alumnado de origen inmigrante, que, como se ha visto en los resultados de este último trabajo (y con las cautelas que en su momento se hicieron constar), duplica en porcentaje a la del alumnado autóctono en el padecimiento de conductas de exclusión social y de la forma más grave de amenazas como es la de la conducta de amenaza con armas. Asimismo, sería conveniente prestar atención en futuras investigaciones a lo que ocurre en los últimos cursos de primaria en los que ya se vienen produciendo fenómenos de acoso escolar, según apuntan algunos trabajos en los que se ha incluido como objeto de estudio este nivel educativo tal y como se pone de manifiesto en la parte de este informe dedicada a revisar los principales estudios realizados en España entre el año 2000 y el presente.

Tanto este estudio como el que se publicó en el año 2000, se centran en un tipo concreto de violencia escolar -las conductas de abuso o maltrato reiterado entre iguales que dan lugar a procesos de victimización que no es la única, aunque sí quizás la más frecuente y perniciosa de las que se pueden dar en los centros docentes. Ambos informes aportan datos sobre algunas de esas otras formas específicas de violencia escolar de la que son víctimas esporádicas o reiteradas los alumnos y los docentes, y que puede ser ejercida por éstos o por aquellos, por otros miembros de la comunidad educativa e, incluso, por elementos ajenos a la misma. La incidencia declarada por los propios alumnos sobre abusos cometidos por personas ajenas al centro y la declarada por los profesores sobre agresiones entre ellos mismos y los alumnos, así como la alarma social que provoca este tipo de conductas cuando se hacen públicas, sugiere la conveniencia de efectuar trabajos e investigaciones específicos que permitan conocer la incidencia real de este problema. Sería recomendable, por tanto, que se abordaran estudios de este carácter y se hicieran públicos los resultados.

Por otra parte, y como se destacó en el precedente apartado de conclusiones, resulta preocupante -aunque explicable- que siga siendo mayor el porcentaje de alumnos que se reconoce en el papel de agresor que el que se reconoce como víctima. Dicho de otro modo, resulta desalentador que en términos de valoración personal y de conciencia propia les resulte menos costoso a muchos alumnos situarse en el campo de los que abusan de sus iguales que en el de aquellos que son víctimas de tales abusos. Y es preocupante que ello ocurra pese a la mayor concienciación social frente a las conductas de abuso y pese a la abundante labor formativa e informativa que se ha llevado a cabo en los centros docentes en estos últimos años.

Parece, pues, que lo hecho hasta ahora no es suficiente y que no se ha conseguido que cale en el alumnado el rechazo a la realización y a la participación en actos de abuso. Los valores de solidaridad y apoyo a las víctimas, y de repulsa y censura a los agresores, no están lo suficientemente extendidos y habrá que insistir en su transmisión y asentamiento hasta conseguir que la percepción negativa y el rechazo social del alumnado hacia las actitudes violentas y abusivas aíslen a quienes las practican y les resten, no solo los apoyos, sino también las miradas cómplices o comprensivas.

Tampoco son suficientemente satisfactorios los avances habidos en lo que se refiere a la ayuda que reciben las víctimas de las conductas violentas, particularmente en lo que hace al profesorado, a los servicios y equipos de orientación y a los servicios de ayuda. Los resultados que arroja este estudio parecen indicar que no son percibidos éstos como el auxilio más inmediato al que se pueda acudir y que, pese a su posición más próxima al alumnado, no reciben, de hecho, información ni peticiones de ayuda más que en pequeños porcentajes. Habrá que insistir, pues, en las líneas de actuación tendentes a fomentar en los alumnos el recurso a los adultos de su entorno educativo, especialmente sus profesores, y a los servicios y especialistas que se ponen a su disposición. Eliminar el carácter oculto de las situaciones de acoso y conseguir que víctimas y testigos pidan y reciban ayuda prioritaria y mayoritariamente de alguien más que de compañeros o amigos es una tarea urgente que hay que atender. En este sentido, dotar al alumnado de habilidades de relación interpersonal y de estrategias de comunicación puede resultar de sumo interés.

Los resultados de este trabajo indican que existe una tendencia creciente a resolver los conflictos de convivencia en el ámbito del propio centro educativo y, asimismo, que se ha producido un incremento en la relación con las familias en el proceso de detección y resolución de los conflictos, aunque esta relación sea todavía insuficiente y como tal la perciba el profesorado, según manifiestan sus testimonios. Son éstas líneas de trabajo en las que conviene insistir, de manera que se logre una mayor implicación de las familias en la prevención y resolución de los conflictos de violencia escolar y que éstos puedan resolverse en el ámbito interno de los propios centros sin acudir a medidas excepcionales fuera de los mismos.

Finalmente, conviene hacer una llamada de atención a administraciones e instituciones relacionadas con la educación, y también a los medios de comunicación, a fin de que extremen el ejercicio de su responsabilidad a la hora de presentar y difundir datos relacionados con la violencia escolar evitando la generación de estados de preocupación o alarma social entre los ciudadanos, que en ningún caso benefician al buen desenvolvimiento de nuestro sistema educativo.

En razón de todo lo expresado hasta aquí, y con el mismo carácter con el que ya se hizo con ocasión del informe hecho público en el año 2000, es decir, con la finalidad de impulsar iniciativas, de animar intervenciones y actuaciones específicas de los distintos agentes que participan en el sistema y en el proceso educativo, se añaden aquí a las formuladas en su momento, que se reiteran, las siguientes RECOMENDACIONES:

• Evaluar las políticas y líneas de prevención e intervención puestas en marcha hasta ahora a la luz de los resultados que arroja este informe y otros realizados en España en estos últimos años, efectuando las correcciones que de tal evaluación se deriven.

 

• Realizar estudios complementarios y específicos que puedan concretar para cada ámbito territorial los resultados de este estudio nacional.

 

• Promover la realización de estudios epidemiológicos en los que se investigue la incidencia y la tipología de otras formas de violencia escolar padecidas por alumnos y profesores distintas del maltrato entre iguales por abuso de poder objeto de este informe y del precedente publicado en el año 2000.

 

• Iniciar programas de prevención específicamente dirigidos a erradicar las formas de acoso escolar y las conductas violentas en las que no se aprecian mejoras estadísticamente significativas.

 

• Extender los programas de prevención de conflictos a los últimos cursos de Primaria, a los que algunos estudios apuntan como ámbito en el que ya se perciben fenómenos de violencia y acoso escolar.

 

• Iniciar programas específicos orientados a evitar procesos de victimización entre el alumnado de origen inmigrante fomentando el conocimiento mutuo de los factores diferenciales de carácter cultural, social o religioso.

 

• Poner en marcha campañas educativas contra las distintas conductas de acoso escolar fomentando la sensibilización y solidaridad hacia las víctimas y el rechazo social hacia los agresores.

 

• Favorecer la adquisición por parte del alumnado y en el proceso educativo de estrategias de comunicación y de habilidades de relación interpersonal que ayuden a evitar procesos de victimización entre la población de riesgo.

 

• Fomentar entre el alumnado el recurso al personal docente y a los equipos de orientación y servicios de apoyo para prevenir y solventar situaciones de acoso escolar de las que sean víctimas o testigos.

 

• Estudiar la posibilidad de incluir entre los contenidos de la materia Educación para la ciudadanía la transmisión y asentamiento de valores conexos al rechazo a toda forma de violencia escolar y la adquisición de técnicas de resolución de conflictos interpersonales.

 

• Incentivar la resolución de los conflictos en el ámbito interno de los centros educativos, dotándolos de los recursos y medios necesarios para ello e incentivando y promoviendo la participación de los propios alumnos y de sus familias en los mecanismos de prevención y de intervención.

 

• Extremar la prudencia y la objetividad informativa en la difusión de resultados de estudios y en la difusión de noticias atinentes a los fenómenos de violencia escolar y al clima de convivencia en los centros educativos de manera que no se creen alarmas sociales injustificadas ni merme la confianza ciudadana en el sistema educativo.

Violencia Escolar: El maltrato entre iguales  en la educación secundaria obligatoria 1999-2006